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La profesión Veterinaria y las clínicas de pequeños animales

La profesión Veterinaria y las clínicas de pequeños animales

Cuando compartimos nuestra vida con un animal doméstico, la relación con un profesional veterinario no sólo es necesaria e imprescindible, sino que se convierte también habitual y periódica. Las leyes y el mantenimiento del bienestar y la salud de nuestra mascota nos obligan a solicitar los servicios de un veterinario cuando padece alguna enfermedad o para cumplir con el calendario de vacunaciones, para supervisar que lo mantenemos libre de parásitos, para controlar sus ciclos reproductivos, por motivos estéticos o cuando es ineludible pensar en su final. En todos los momentos y ciclos de la vida de un animal doméstico está presente la figura del profesional veterinario.

Nuestras leyes autonómicas de protección de animales imponen la obligación de mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, suministrarles asistencia veterinaria, contar con una cartilla sanitaria que, además, va a resultar fundamental para cualquier problema que podamos tener con el animal o si, por ejemplo, deseamos viajar con él, identificarlos a través de sistemas cuya implantación debe ser controlada por un veterinario, sacrificarlos o esterilizarlos también siempre bajo control veterinario…

Por todos estos motivos, la elección de un buen profesional y el establecimiento de una relación de confianza con el mismo que nos permita considerar que nuestra mascota se encuentra en todo momento debidamente atendida es fundamental no sólo para la existencia de nuestro animal, sino también para nuestra propia tranquilidad y con el objetivo añadido de dar cumplimiento a la legislación que sobre protección de animales existe en nuestra Comunidad Autónoma.

Aunque el mundo de la veterinaria no abarca únicamente, como es evidente, la especialidad de la atención a pequeños animales y cuenta con diversas facetas de suma importancia, vamos a centrar nuestro análisis en este campo que, como propietarios de un perro, es el que más directamente nos afecta. Y es que la actividad de estos profesionales se encuentra regida, en todos sus aspectos, por normativa específica a cuyo contenido interesa acercarse para conocer, al menos, cuándo nos encontramos

ante un correcto funcionamiento de una clínica o consultorio y qué tipo de responsabilidades podemos exigir en el caso de que no se nos proporcione un servicio adecuado.

LA PROFESIÓN VETERINARIA Y LA OBLIGATORIA

COLEGIACIÓN

Son varias las universidades españolas que cuentan en su organización con facultades que imparten la licenciatura de veterinaria. Aunque cada una de ellas desarrolla un plan de estudios específico, el contenido de los mismos es muy similar y la formación se completa con clases prácticas que suelen realizarse a través de hospitales veterinarios universitarios con funciones asistenciales, docentes e investigadoras.

No obstante, para ejercer como veterinario no se exige tan sólo la obtención de la licenciatura en esta materia sino que es requisito indispensable y previo la incorporación

en un colegio oficial de veterinarios.

Para poder colegiarse es necesario ser licenciado en veterinaria o contar con un título extranjero homologado, no tener antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio profesional, pagar la cuota de entrada y las periódicas que se establezcan y cumplir con los requisitos de idoneidad o aptitud para el ejercicio profesional.

Cumplidos todos estos requisitos y formalizada la colegiación, el veterinario puede prestar legalmente sus servicios de diversas formas: al servicio de una administración

pública, al servicio de una empresa, entidad, explotación, industria o negocio relacionado con la veterinaria o bien de forma libre, desarrollando su actividad profesional al amparo del título de licenciado en veterinaria sin encontrarse en alguno de los supuestos anteriores. En cualquiera de estos casos debe actuar de conformidad

con las normas recogidas en los Estatutos Generales y las normas de la Organización Colegial Veterinaria sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes y respetando

así mismo las normas contenidas en los códigos deontológicos.

Todos estos aspectos y requisitos se encuentran recogidos en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, aprobados por Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero. Pero, ¿qué es esta organización y cómo funcionan los colegios profesionales a los que obligatoriamente debe pertenecer el veterinario?

En cada provincia y en las ciudades de Ceuta y Melilla existe un Colegio Oficial de Veterinarios que agrupa obligatoriamente a todos los veterinarios que ejercen su profesión en cualquiera de las modalidades que antes comentábamos en ese ámbito geográfico.

De forma voluntaria, también pueden pertenecer a un Colegio aquellos que, contando con el título de veterinario, no ejercen su profesión.

Dentro del ámbito de una Comunidad Autónoma pueden crearse los denominados Consejos Veterinarios Autonómicos, que reúnen a los Colegios Oficiales de las

distintas provincias que configuren dicha autonomía. Por último, existe un Consejo General de Colegios que agrupa en el ámbito estatal a los representantes de los Consejos Autonómicos y de los Colegios. La suma del Consejo General, de los Consejos Autonómicos y de los Colegios provinciales es lo que conforma la Organización Colegial Veterinaria Española. Entre los fines de estos órganos,

todos ellos corporaciones de derecho público, se encuentran los de ordenación del ejercicio de la profesión veterinaria, la salvaguardia y observancia de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión y la colaboración con los poderes públicos en la consecución de la salud de personas y animales.

Así, lo primero que debemos exigir a cualquier veterinario que vaya a atender a uno de nuestros animales es que posea el título y se encuentre correctamente colegiado, lo que nos ofrece una garantía de que se cumplen, al menos, determinados requisitos mínimos e imprescindibles.

No obstante, en una clínica pueden prestar sus servicios otro tipo de profesionales que no cuentan con la titulación de veterinario. Son los auxiliares veterinarios que asisten al profesional pero que nunca deben sustituirle en aquellas actuaciones en las que necesariamente debe participar un veterinario titulado.

LAS NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE RIGEN LA

ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES

A la hora de elegir, pues, una clínica debemos tener en cuenta que cumplan con todos los requisitos legales tanto el establecimiento como los profesionales que lo atienden, y exigir siempre que nos atienda un veterinario debidamente titulado y colegiado. Pero ahí no terminan las obligaciones del profesional y, desde nuestro punto de vista, nuestros derechos, ya que el veterinario debe actuar siempre bajo un conjunto de normas deontológicas.

Algunas de estas normas se encuentran recogidas en los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, en los estatutos de los respectivos

Colegios y en los códigos deontológicos.

La existencia y aplicación de estas normas resulta esencial puesto que las mismas determinan, entre otros aspectos, cómo debe ser la actuación del profesional en

su trato con los animales, con los propietarios de los mismos y con otros profesionales y ayudan a clarificar cuándo se produce una responsabilidad en el ejercicio de la profesión. Pueden definirse como un conjunto de principios y reglas que conforman el contenido ético que debe inspirar y guiar la actuación de los profesionales veterinarios y que obligan a todos ellos con independencia de la modalidad en la que practiquen. Su incumplimiento constituye una falta disciplinaria sancionable y ayudan a determinar también el grado de responsabilidad en una actuación concreta.

Entre las normas deontológicas que todo profesional debe respetar se encuentran, sólo por citar alguna de ellas, las siguientes: la obligación de atender a todos sus clientes y pacientes con la misma diligencia y solicitud, sin causarles intencionadamente perjuicios y sin discriminación; no debe menospreciar el respeto que se les debe

a todos los pacientes, ni debe procurarles maltrato alguno evitando por todos los medios, incluida la denuncia a la autoridad competente, que los propietarios clientes los

maltraten; la relación con el cliente debe basarse en la mutua confianza debiendo mantener con el mismo una actitud correcta, respetuosa y profesional teniendo en

cuenta de forma particular las relaciones afectivas que puedan existir entre dueño y animal; nunca deberá perjudicar intencionadamente al paciente ni le perjudicará ni demorará su atención…

Especialmente interesante resulta el deber que tiene el profesional de informar al cliente, en un lenguaje comprensible, del diagnóstico y opciones de tratamiento

de la enfermedad que padezca el animal, formulando sus prescripciones con total claridad y dando al cliente las explicaciones útiles sobre la terapia y el uso de los medicamentos.

Además se prevé que tenga el deber de solicitar y obtener el consentimiento expreso y escrito del cliente antes de realizar cualquier actuación que suponga un riesgo para el animal facilitándole previamente la información necesaria. Este consentimiento también será necesario cuando deba efectuarse una eutanasia o una necropsia.

Conocer las normas deontológicas nos va a ayudar a mantener una relación más fluida y de confianza con el profesional elegido sabiendo qué podemos exigirle y hasta qué grado.

LA REGULACIÓN DE LAS CLÍNICAS DE PEQUEÑOS ANIMALES

La Organización Colegial Veterinaria Española, dentro del cumplimiento de esos fines a los que antes aludíamos, ha dictado diversas normas, entre ellas un reglamento para regular el ejercicio profesional en las clínicas de pequeños animales, aprobado por la Asamblea General de Presidentes el 11 de julio de 2015.

Este reglamento define estas clínicas como aquella modalidad del ejercicio de la profesión veterinaria que se ocupa de las enfermedades y su prevención, del manejo, conducta, nutrición, selección genética, medicina preventiva y curativa, cirugía, rehabilitación y fisioterapia, identificación y peritaje de los perros, gatos y de otros animales de compañía y que puede comprender, adicionalmente, la comercialización de toda clase de productos destinados a la alimentación, el saneamiento, el adiestramiento y la prestación de servicios de higiene.

Insiste en que el ejercicio de esta actividad sólo puede ser llevado a cabo por veterinarios colegiados que pueden prestar sus servicios de diversas maneras: en el propio domicilio del cliente (si bien no se pueden realizar todas las actividades en un domicilio), en un consultorio, clínica u hospital veterinario, bajo la dependencia de su propietario, sea o no veterinario, con el que obviamente existirá un contrato previo de tipo civil, mercantil o laboral, como responsable de un criadero, tiendas de animales o núcleos zoológicos (que, en aplicación de las normas autonómicas, deben contar con asistencia veterinaria, debiendo preexistir igualmente un contrato), en un local autorizado temporalmente por la Administración y que cumpla con el resto de requisitos exigidos en el reglamento, por cuenta propia en un consultorio, clínica u hospital.

El reglamento también exige que tanto la apertura como el funcionamiento de una

clínica, hospital o consultorio se encuentren dirigidos por un veterinario colegiado

y que todo el ejercicio de la clínica sea igualmente llevado a cabo por veterinarios

colegiados, aunque la titularidad puede pertenecer a cualquier otra persona.

Además deben cumplir con determinados requisitos en función de que se trate de

un hospital, una clínica o un consultorio y con la existencia de ciertos equipos

que aseguren el correcto funcionamiento del centro veterinario.

Pero no sólo se les aplican estas normas a estos establecimientos, sino que los

mismos deben cumplir con los requisitos que imponen las normas autonómicas

de protección de animales, que suelen exigir la llevanza de ciertos libros y

registros, con la normativa fiscal, mercantil y de protección de datos que se

aplica a cualquier profesional y con las correspondientes licencias de apertura

que exijan las diferentes administraciones.

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